Una universidad es un lugar donde se valora la inteligencia, se discute, se cuestionan paradigmas y se acepta y respeta la diversidad. Es un lugar donde se puede discrepar y emitir opiniones públicas divergentes y se ve a la sana controversia como fuente insustituible de nuevos pensamientos. Donde no se imponen verdades absolutas y –por el contrario- se abre la mente a una visión más amplia y menos dogmática del universo
Si los miembros no se atreven a opinar por temor a ser silenciados o a perder la pega, o se ha suspendido el diálogo y se imponen las directrices de una cúpula inaccesible que prioriza una imagen de disciplina, infraestructura y principios valóricos inamovibles. O si en lugar de diversidad se privilegia la estandarización y la sujeción a los reglamentos, y los alumnos han dejado de ser sujetos de formación para convertirse en clientes o los profesores ya no son fuente de experiencia y discernimiento sino simples vectores entre los textos y las mentes de sus alumnos y todo se rige por las leyes del mercado perfecto, entonces esa institución ya no es universidad sino una más de las empresas comerciales que luchan entre sí por ganar poder y absorberse unas a otras.
Antes de la irrupción de las universidades privadas el sistema educacional, restringido, como estaba a unas pocas vacantes, partía de la base de la existencia de cierta elite cultural. Su labor social parecía consistir –en el mejor de los casos- en seleccionar a los mejor dotados del pueblo, para incorporarlos a dicha elite. Es decir, abría una pequeña compuerta por la que algunos pocos podían escapar del oscurantismo. Mal podía dicho enfoque combatir las abismantes diferencias entre los estratos socioeconómicos pues –entre otras causas- los pocos que ascendían socialmente eran quienes más ostentación hacían de su nuevo estatus y más partidarios se mostraban del orden de “legítima desigualdad” que caracteriza a las sociedades de castas.
El sistema, por otra parte, adolecía de todos los problemas de ineficiencia y burocracia que tradicionalmente se le atribuyen al Estado, y que derivan de principios que hoy ya se discuten, como aquél de que los funcionarios sean dueños de sus cargos o la imposibilidad de incorporar capitales privados en temas tan trascendentales como actualización tecnológica, mejoramiento y mantención de infraestructuras, entre otros.
La reforma educacional de 1981 significó un vuelco, tal vez impensado, pues desde entonces es la educación la que desciende al pueblo y no al revés. Logró, por otra parte, optimizar la administración educativa y dinamizarla frente a las crecientes demandas, insatisfechas por el sistema universitario tradicional.
Pero, dejando de lado las deficiencias anteriores, y he aquí la otra cara de la moneda, cuando las universidades no eran más de diez, éstas podían referirse con cierta propiedad a “su cuerpo docente”. De hecho –salvo excepciones- un profesor pertenecía a sólo una de ellas, postulaba, elegía democráticamente a las autoridades y participaba en la creación de los planes y políticas de su casa de estudios con la cual se sentía comprometido, incluso más allá de lo docente. Había, en consecuencia, en cada una, un sello institucional que no era impuesto por la fuerza ni por adoctrinamiento, sino por la natural identificación de los miembros, con el medio que los formó.
Tal como ocurre en cualquier conglomerado humano, cada maestro tenía características propias. El modo de enseñar, lejos de ser único, era, prerrogativa del que dictaba la cátedra, de su estilo, de su conocimiento, de su experiencia laboral y docente y de su convicción, y casi independiente de los administradores y de los directores. Se confiaba en los profesores y se consideraba beneficioso que aplicaran su criterio y su experiencia, eligieran sus libros y se movieran con cierto grado de libertad en el contenido de su curso, en tanto éste contemplara un conjunto esencial de materias.
El escenario actual es muy distinto: los profesores conforman una masa flotante a la cual, las universidades –guiándose ahora por la inconmovible lógica de las empresas- echan mano cuando lo requieren, tal como lo hace una Constructora con sus maestros flotantes, o una Exportadora de fruta con su personal de verano. Las autoridades no son elegidas sino nombradas por el Directorio. Los profesores -antes Alma Mater dela Casade Estudio- han pasado a ser “Proveedores de Servicios Educacionales” y en consecuencia, la diferenciación y el nivel de compromiso enfrentan un casi inminente proceso de extinción.
En su propaganda, no obstante, los mentores de las universidades hacen como si ningún cambio hubiese ocurrido y tratan de proyectar la imagen de un sello propio y de un cuerpo docente afiatado, elementos imposibles de conseguir pues lisa y llanamente no se compran con dinero. Pero contradiciendo esa imagen externa, en su interior se empeñan en forzar la homogeneidad en materia de enseñanza, y todos los procedimientos asociados a éstas, como criterios de evaluación, tratamiento de las inasistencias, etc. sin tomar partido –en definitiva- entre ser una universidad al estilo antiguo o una empresa ordenada, sin conflictos, ni controversias, como si el concepto de sello fuese vestirse en forma homogénea o estar siempre de acuerdo con una posición única ante la vida. Todo, claro, rodeado por un discurso donde –entre otros clichés- es dueña y señora la manida frase “Excelencia Académica”.
En el escenario actual resulta arrogante la pretensión de imponer una “manera propia” de enseñar. Por más que el sistema pretenda exigirlo, no hay suficientes profesores dispuestos -ni capaces- de aplicar un modelo distinto en cada lugar en que les toque dictar clases. Pero claro, si bien las mentadas normas adornan los reglamentos, no son mucho más que letra muerta que pocos respetan y nadie fiscaliza. Diría más, tal vez nunca pretendieron ser más que eso, pues los objetivos que realmente se persiguen son la acreditación frente al Estado y el posicionamiento frente a al mercado y la competencia. Los profesores, ya no los alumnos, son ahora los elementos que hay que tener bajo control.
Es natural con este panorama, que algunos profesores -sobre todo, del viejo cuño- opten por cautelar su propia dignidad y –avalados por la praxis en boga- no reconozcan jefaturas. Para ellos, las casas de estudio no son sus empleadores sino sus clientes, a quienes -de hecho- cobran honorarios mediante boletas de “servicios de docencia”. Si bien reconocen el derecho de aquéllas a prescindir de sus servicios en cualquier momento y sin explicaciones de ningún tipo -usanza tan propia del libre mercado- se juegan a que mientras no contravengan la ética, tendrán que respetarles sus hábitos y su derecho a enseñar de la forma que saben y sienten.
3/6/12
